Por una Venezuela sustentable y ambientalmente responsable

Texto enviado por: Alejandro Álvarez

Esta propuesta al Plan País es un aporte al proceso de rescate, recuperación y transformación social, política, económica y ambiental del país.

La misma se construyó a partir del trabajo y recomendaciones de más de veinticinco especialistas en diferentes temas ambientales, incluyendo: profesores universitarios, miembros de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos ambientales.

Su desarrollo involucró un trabajo de documentación, reflexión y desarrollo de propuestas para la gestión ambiental en el marco del desarrollo sostenible. Para lo cual se recopiló y resumió información sobre trabajos realizados en los últimos años por una gran cantidad de organizaciones e instituciones venezolanas.

Este trabajo estuvo basado en las siguientes premisas:

– Es un proceso participativo. El mismo busca involucrar el mayor número de personas, instituciones y organizaciones posible. Por ello no representa los intereses o puntos de vista de un sector o grupo de personas particular, sino de una mayoría de las personas
interesadas en el tema ambiental en Venezuela.

-Es un proceso abierto. El actual texto actual no es una idea acabada ya que espera convertirse en la base del proceso de participación en el cual cada uno de los sectores ambientales y personas en diferentes regiones del país pueden articular sus propuestas.

-Es una propuesta de orientación del proceso de las políticas ambientales del país. En tal sentido en su primera versión no incluyen temas específicos, ni propuestas de proyectos específicos para las distintas áreas temáticas ambientales.

-Tiene una visión de corto y largo plazo. Espera hacer una contribución a la construcción del Plan País, pero a su vez espera convertirse en un marco de lineamientos y en un marco para el desarrollo de una alianza de personas y organizaciones que sean una referencia
nacional sobre temas ambientales de tal manera de incidir en la incorporación de un enfoque de sustentabilidad ambiental al desarrollo de políticas nacionales durante el período de transición y en luego de la transición en los gobiernos futuros.

Venezuela un país lleno de oportunidades ambientales y a la vez muy vulnerable.

Venezuela es un país con enormes oportunidades que surgen de sus condiciones y recursos naturales que tienen la potencialidad de generar prosperidad y calidad de vida, no sólo a las generaciones actuales, sino a las futuras si son manejadas de forma sustentable y responsable.

Estas condiciones también son la salvaguarda de la población frente a los retos de los grandes problemas ambientales globales que amenazan a la humanidad, como el cambio climático global, la crisis mundial de la diversidad biológica y la contaminación como problema crónico y generalizado.

Pero a la vez, es un país con una enorme vulnerabilidad ambiental producto de sus condiciones geográficas, climáticas, pero principalmente al manejo inadecuado y saqueo criminal de sus recursos, a la corrupción, la ignorancia, la ausencia de planificación, la gestión insostenible de los recursos y el saqueo de los recursos naturales así como de la ignorancia de sus dinámicas
ambientales.

Todos estos factores están creando la mayor crisis ambiental en la historia contemporánea del país. Esta crisis está afectando gravemente a la población venezolana, formando parte de los elementos que constituyen la emergencia humanitaria compleja que actualmente está afectando al país y poniendo en peligro la capacidad de la Nación de recuperar la senda del desarrollo.

Por ello, es necesario comenzar de inmediato un proceso de rescate, restauración y transformación de los modelos y procesos de destrucción ambiental del país que permitan reforzar, y en algunos casos, posibilitar, los procesos de recuperación nacional.

Esta propuesta pasa por un cambio en el actual modelo fracasado de gestión ambiental que ha sido impuesto en el país, e incluso abre la posibilidad de actualizar las políticas ambientales nacionales, de tal manera de incorporar los enfoques de sustentabilidad que han sido
desarrollados e implementados en muchas partes del mundo en las primeras décadas del Siglo XXI.

Este cambio de modelo de gestión ambiental es así mismo prioritario en este proceso de transformación nacional ya que la sostenibilidad ambiental es transversal a todos los procesos de desarrollo y es un elemento prioritario para la realización de los derechos humanos.

En este contexto, todos los proyectos de desarrollo económico y social que se están planteando tendrán como prerrequisito para alcanzar sus objetivos la existencia de unas condiciones ambientales, incluyendo servicios ambientales y de salud ecosistémica adecuadas para el logro de una vida digna de toda la población.

Por ello, se hace necesario que el Plan País incluya como elemento fundamental una clara orientación en los principios del Desarrollo Sostenible así como en la normativa constitucional ambiental del país.

La crisis ambiental es la consecuencia de un Estado fallido y depredador.

La gestión ambiental en un Estado fallido.

La idea de “Estado Fallido” tal como aparece en el documento: “Plan País: La Venezuela que Viene” (pág. 5) es un concepto tanto polémico como polisémico, pero puede interpretarse como: La incapacidad de un Estado para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estatalidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social1 . Por otra parte, esta idea está relacionada con el concepto de Emergencia Humanitaria Compleja tanto en su acepción internacional (Ver por ejemplo Pérez de Armiño y Areizaga s.f.2) como su uso en el contexto de Venezuela3. Todas esas ideas son aplicables a la situación actual de los procesos de gestión ambiental en el contexto del Estado venezolano y sus consecuencias sobre la población.

Es necesario considerar que Venezuela fue pionera en el desarrollo de una institucionalidad consolidada, generó un marco legal importante y promovió una cada vez mayor participación de la ciudadanía en temas ambientales. En los últimos veinte años se ha producido una total reversión de estos los avances.

En contraste, como parte del modelo político instaurado en el país desde 1999 se desmanteló la institucionalidad ambiental y se ha venido desconociendo las normas constitucionales y legales de protección ambiental.

Esto ha llevado a la desaparición de la capacidad de las instituciones de gestión ambiental para desarrollar sus competencias legales.

Adicionalmente, la corrupción, la desprofesionalización, el desconocimiento y rechazo de las bases científicas de la conservación ambiental así como la exclusión de los sectores críticos a la acción gubernamental, generaron una cada vez mayor ineficacia y retroceso en materia de la obligación del Estado de garantizar a la ciudadanía su derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente
equilibrado.

Por tales razones el país se aleja cada vez más del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo que genera graves daños sociales y económicos.

Esto puede verificarse en los siguientes ejemplos:

La población venezolana no tiene garantizada el derecho al agua potable ni en cantidad, ni calidad. Comunidades enteras viven prácticamente sin suministro del líquido por períodos extensos que pueden llegar a semanas e incluso meses4 5. La calidad del agua no está garantizada en el país6. Como consecuencia de esta situación están incrementando las enfermedades deorigen hídrico7. Se han realizado intervenciones en las cuencas hídricas que han disminuido la capacidad de generar agua poniendo en riesgo las posibilidades de (ODS 6; ODS 3)

Existe una cada vez mayor vulnerabilidad de la población ante fenómenos meteorológicos extremos y desastres de origen tecnológico8. Los venezolanos cada día sufrimos más daños y  costos derivados de los desastres de origen socio-natural (sequías, inundaciones, tormentas, etc.9) así como de las insuficientes políticas de prevención y preparación de la población. Asimismo crecen los riesgos de desastres de origen tecnológico (derrames petroleros10 11, accidentes en plantas industriales, etc.) que pueden afectar tanto al ambiente como la ciudadanía. Tampoco existen políticas de adaptación al cambio climático12 y así mismo la contaminación ambiental es una situación generalizada, a la vez que escondida13 14 (ODS 1; ODS 11; ODS 13).

 

La destrucción ambiental promueve un incremento en las enfermedades infecciosas y derivadas de la contaminación ambiental. En las zonas mineras de Guayana se está generando una de las mayores epidemias de malaria y otras enfermedades tropicales producto de la deforestación y otros procesos de destrucción ambiental15 16. Asimismo, la contaminación por el uso de mercurio en la minería de pequeña escala afecta posiblemente a miles de personas, incluyendo niños y mujeres en edad de gestar, sin que ninguna acción se esté realizando para evitar este daño, ni atender a los afectados17. En todo el país la contaminación del agua, el aire y los alimentos representa una amenaza cada vez mayor para la salud de la población. El deterioro ambiental y el cambio climático promueven la aparición y expansión de enfermedades transmitidas por vectores biológicos previamente controladas o limitadas dentro del territorio nacional18 (ODS 3; ODS 13).

Las ciudades son cada vez más ambientalmente insostenibles, contaminadas y vulnerables. No existen políticas de sustentabilidad urbana19 20 y se están destruyendo sus patrimonios naturales y culturales. La contaminación, el mal manejo de los desechos y residuos sólidos21 22 así como la desaparición de espacios verdes urbanos, son causantes del deterioro de la salud de las
poblaciones (ODS 14; ODS 3).

Los ecosistemas marinos y terrestres están siendo gravemente degradados. Las costas y mares venezolanos sufren un rápido proceso de contaminación, degradación de sus ecosistemas y saqueo de sus recursos, afectando negativamente a la población, así como a industrias
importantes como la pesquería23 y el turismo. La mayor parte de los ecosistemas terrestres están amenazados24. Venezuela tiene una de las tasas deforestación más alta del mundo25 y el mayor crecimiento de este indicador en la región amazónica26. Asimismo, los ecosistemas terrestres y acuáticos de agua dulce están siendo muy rápidamente destruidos27 28. Un número importante de especies están amenazadas de extinción29 30. Las áreas naturales protegidas (Parques Nacionales y Monumentos Naturales) están siendo saqueados, destruidos o abandonados31 (ODS 14; ODS 15).

La ciudadanía tiene totalmente restringido el acceso a la información, participación pública y a una educación de calidad en materia ambiental. Se han impuesto políticas de opacidad de información y exclusión de la participación por razones políticas32 33. Se abandonaron, minimizaron o politizaron los programas de educación ambiental34 . Todo ello afecta la capacidad de la población para tomar decisiones convenientes y responsables, participar activamente en los procesos de gestión ambiental que les corresponde y desarrollar su potencial creativo en materia de emprendimiento sustentable (ODS 4; ODS 16).

No existe una política nacional para la lucha contra el cambio climático y se ignoran todos los convenios internacionales en materia ambiental. El Estado incumple o ignora las obligaciones derivadas de los convenios internacionales. Esta última situación es evidente en el caso de las obligaciones derivadas del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático35 36. Asimismo, ignora y descalifica los aportes y participación de los especialistas venezolanos en materia de cambio climático37.

Un Estado depredador del ambiente

Adicionalmente a estos procesos derivados de la ineficacia del Estado, se ha generado una creciente expansión de actividades económicas dirigidas al saqueo de los recursos ambientales, promovidas o en complicidad con funcionarios e instituciones gubernamentales. Debido a ello se está produciendo un nivel extremo de destrucción ambiental. Adicionalmente, en las zonas mineras esta forma de explotación genera degradación social, violencia armada, la presencia permanente de la delincuencia organizada, la destrucción de las culturas indígenas, la
pérdida de la soberanía y la expoliación de los recursos de la nación.

En ese contexto, Venezuela se ha convertido en un exportador de oro, y otros minerales, que son el producto de la muerte de personas y la destrucción del país.

¿Por qué el tema ambiental debe estar en el Plan País?

 

  • El 82% de la población no recibe agua en sus casa de manera continua.
  • El 79% de los hospitales no reciben agua o lo hacen de forma discontinua. El incremento de las epidemias de dengue, chikunguya y zika está relacionado con la falta de suministro regular de agua.
  • El 23% de los estudiantes más pobres no asisten a clases por falta de agua.
  • La contaminación de las aguas es la causa primaria de enfermedades tales como amibiasis, diarreas, giardiasis, helmintsis y hepatitis aguda Tipo A.
  • Todas las cuencas generadoras de agua están afectadas por deforestación y contaminación.
  • En 2018 la sequía mató a más de 51 mil reses afectando la producción nacional de carne.
  • Más de 2000 habitantes del sur de Maracay sufren un gran riesgo de inundación por vivir debajo del nivel del agua del Lago de Valencia.
  • Más de 10 estados fueron afectados por las inundaciones ocurridas en el 2018 en el sur de Venezuela.
  • Entre 2001 y 2017 Venezuela perdió casi 2 millones de Ha de bosques lo que representa una amenaza grave para el futuro suministro de agua.
  • En el período 2010-2016 PDVSA fue responsable del derrame de 856.722 barriles de crudo y otras sustancias contaminantes.
  • La inadecuada gestión de desechos sólidos está incrementando enfermedades dermatológicas, respiratorias, alérgicas e infeccionas.
  • Venezuela tiene la mayor tasa de incremento de deforestación de bosques amazónicos en toda la región.
  • Todos los Parques Nacionales en Venezuela están afectados de manera importante. En Guayana todos tienen minería.
  • En el 2018 la epidemia de malaria afectó a más de 1 millón de personas. La mayor parte de ellos asociados a las zonas mineras.
  • La minería en la cuenca del Caroní pone en riesgo grave la generación de energía hidroeléctrica del Sistema del Bajo Caroní.
  • Se estima que cerca de 600 Km² de bosques han sido afectadas por la minería ilegal en Guayana.
  • Posiblemente, entre 19-30 mil mineros y habitantes de comunidades cercanas a las minas sufran de intoxicación por inhalación de mercurio.
  • Los peces en todas las cuencas importantes de Guayana presentan niveles de mercurio por encima de las recomendaciones de la OMS.

¿Qué proponemos para salir de esta situación?

Partimos del marco que ofrece la Constitución Nacional, así como los compromisos internacionales incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y otros instrumentos internacionales lo que nos permitirá conectar armónicamente los componentes
económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, para así promover el rescate, recuperación y transformación social, económica y política de nuestro país y enrumbarlo hacia un país sustentable y ambientalmente sustentable.

Con ese propósito será necesario adoptar las siguientes acciones:

1. Orientar el proceso de transición y recuperación dentro de los principios del desarrollo sostenible y el marco constitucional y legal de Venezuela.Todos los planes de desarrollo y rescate de la economía nacional, en todos los sectores, deberán cumplir con los principios y obligaciones estipuladas en los Artículos 129, 299, 305 y 310 de la Constitución Nacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Los Estudios de Impacto Ambiental, las autorizaciones ambientales y los informes de cumplimiento de los mismos deben ser públicos y auditables en todo momento y por todos los interesados legítimos. Se deberá
diseñar, consensuar e implementar un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NNUU. Se promoverán políticas energéticas que promuevan el uso de combustibles limpios y energías alternativas, incluyendo el uso del gas natural, energía eólica, fotovoltaica e hidráulica. Se promoverá la recuperación de la capacidad de la industria nacional para suministrar gas natural para uso doméstico a todas las comunidades del país. Se implementarán incentivos para el desarrollo de actividades económicas que promuevan la sostenibilidad ambiental.

2. Restablecer la institucionalidad ambiental de Venezuela. Para ello, es fundamental restablecer la capacidad de los entes competentes en esta materia para ejercer rectoría y control, recuperando su capacidad técnica y profesional e incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a todos los procesos y proyectos relacionados con la gestión ambiental, incluyendo la planificación, ordenamiento territorial, gestión de la diversidad biológica y promoción de la participación y educación ambiental. Se promoverá la descentralización de la gestión ambiental, principalmente en lo relacionado con la prestación de servicios ambientales y la promoción de la sustentabilidad urbana. Se fortalecerá la formación de jueces y fiscales en justicia ambiental y se facilitarán los mecanismos de acceso a la justicia en temas ambientales. Se desarrollarán programas para el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Se establecerán políticas de transparencia y promoción del acceso a la información ambiental. Se aumentará la inversión en Ciencia y Tecnología aplicada a
temas ambientales relacionados con el conocimiento y gestión de los recursos, las dinámicas ambientales, los impactos existentes y los procesos tecnológicos y sociales aplicables a la solución de los mismos.

3. Recuperar la capacidad del Estado para garantizar el acceso universal y de calidad a los servicios públicos ambientales. Se deberá recuperar la capacidad operativa, técnica y financiera de los organismos competentes en materia de agua. Estas instituciones deberán estar orientadas en políticas integrales de gestión del agua y en la protección y realización del derecho humano al agua y al saneamiento. Se diseñará e implementará una política de protección y recuperación de cuencas hidrográficas (tanto dirigidas a la producción de agua, como de energía) y sus ecosistemas asociados. Se procurará atender de manera prioritaria las necesidades de agua y saneamiento ambiental de los grupos más vulnerables, así como los sectores relacionados con la salud, educación y producción alimentaria. Se realizarán programas de
saneamiento ambiental y de gestión hídrica que garantice la calidad del agua que se suministre a la población o se devuelva a la naturaleza. Se implementará una política integral de gestión de residuos sólidos que incluya la promoción de las prácticas de reciclaje y recuperación de residuos. Estos procesos asimismo permitirán generar empleos dignos y prácticas basadas en la economía circular. Se establecerán políticas para la gestión de residuos peligrosos y desechos hospitalarios. Se promoverá la reglamentación de las leyes asociados a los servicios públicos ambientales.

4. Revertir los procesos económicos que promueven la minería de depredación y el saqueo de los recursos naturales. Se ejecutarán acciones dirigidas a la derogación definitiva del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, así como de todas aquellas decisiones gubernamentales dirigidas a promover formas de minería depredadoras del ambiente. Se hará cumplir el Decreto de prohibición de comercialización y uso del mercurio en actividades de minería. Se desarrollará una política integral de desarrollo sostenible en las zonas mineras de Guayana dirigida a la solución integral (social, económica y ambiental) de la problemática minera. Ella deberá ser consensuada y respetuosa de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos indígenas involucrados en actividades mineras. Se proporcionará atención inmediata a los problemas de salud relacionados con la minería ilegal y de pequeña escala con énfasis en los temas de contaminación por mercurio y malaria. Se eliminará la minería en todas las ABRAE de conservación ambiental. Se revertirá la expansión de los procesos de minería en las zonas al norte del Orinoco, en particular las relacionadas con minerales metálicos, de minería de cielo abierto y la realizada en cuencas, zonas agrícolas y ecosistemas de importancia ecológica.

5. Recuperar y potenciar la capacidad del Estado para la gestión de riesgo ante desastres socio-naturales. Se implementarán de manera urgente las normas y procedimientos establecidos en la legislación nacional en materia de gestión de riesgos y protección civil para la reducción de la vulnerabilidad ambiental y el aumento de las capacidades de la población para enfrentar las circunstancias inevitables. Se establecerán planes nacionales, estatales y municipales de gestión de riesgos ante la variabilidad ambiental y los cambios globales con  énfasis en el cambio climático. Se promoverán las capacidades nacionales para la planificación ambiental asociadas a la gestión de riesgos, incluyendo la capacidad para la recopilación y manejo de información ambiental (meteorológica, hídrica, geológica, etc.) necesaria para la realización de planes de protección civil y gestión de riesgos. Se aprobará una Ley de Cambio Climático fundamentada en la Convención Marco de Cambio Climático y se diseñará e implementará la Estrategia Nacional establecida por la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009. Se articularán las políticas de gestión de riesgos con las relacionadas con las de seguridad alimentaria e hídrica.

6. Reinsertar al país en el concierto de las naciones en temas de gobernanza ambiental global. Se deberá reincorporar al a los procesos y mecanismos de gobernanza global ambiental a través de la ratificación e implementación de los convenios y tratados internacionales. Se
hará énfasis en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, la Convención de Minamata, el Convenio de Estocolmo, el Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas. Se revisarán los
compromisos del país en materia ambiental y de cambio climático. Se promoverá a través de este proceso el logro de financiamiento para proyectos ambientales a través de convenios de cooperación y proyectos con entes multilaterales tradicionales, fondos ambientales (mecanismos de financiación climática, financiamiento ambiental, etc.) y cooperación internacional bilateral. Se establecerán políticas e incentivos para generar inversiones internacionales en temas relacionados con el desarrollo sostenible.

7. Promover espacios de participación y procesos educativos para promover la corresponsabilidad ciudadana. Se implementarán espacios de participación efectivos y vinculantes en todos los procesos de planificación y gestión ambiental para el fomento de la corresponsabilidad en temas relacionados con el medio ambiente. Se promoverá la incorporación de los especialistas y organizaciones de la sociedad civil en labores relacionadas con la planificación y gestión ambiental. Se promoverá el desarrollo de procesos de formación técnica y profesional
para recuperar y expandir la capacidad profesional de la población para el trabajo en todos los niveles de la administración pública, las empresas y el desarrollo de emprendimientos sustentables. Se promoverá la formación ciudadana en temas ambientales a través de todas las modalidades educativas. Para ello se implementarán programas de educación ambiental dirigidas a la formación de la ciudadanía en
capacidades para la gestión ambiental.

Prioridades en el corto plazo

 Asegurar que todos los proyectos de recuperación económica estén orientados por principios de economía sostenible, responsabilidad ambiental, protección de los derechos humanos ambientales y los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

 Restablecer la institucionalidad ambiental y darle capacidades a los organismos competentes para actuar como entes rectores y controladores de la gestión ambiental.

 Atender la emergencia hídrica nacional de tal manera de garantizar el derecho al agua.

 Derogar el Decreto del Arco Minero del Orinoco y atender a las personas afectadas por la intoxicación por mercurio, la malaria y otras enfermedades derivadas de la degradación ambiental.

 Promover la participación ciudadana en todos los procesos de gestión ambiental.

 Establecer una política internacional de cooperación que permita captar financiamiento externo para realizar los cambios necesarios en la política ambiental del país y promover proyectos dirigidos a avanzar en el camino del desarrollo sostenible. ¿Con qué recursos contamos para este trabajo?

 Con profesionales en todas las áreas ambientales que se necesitan en este proceso de transformación, tanto trabajando en las instituciones académicas, como en organizaciones de la sociedad civil.

 Con una extensa base de conocimientos, propuestas y metodologías para abordar las situaciones existentes.

 Con mecanismos de cooperación financiera al que Venezuela puede tener acceso cuando pueda generar la confianza necesaria de tener propuestas y procesos de trabajo profesionales y sustentados en políticas pertinentes, comprensibles, transparentes y
permanentes.

Este conjunto de políticas permitirá:

 Aprovechar de manera responsable los recursos naturales para promover una economía próspera y sustentable que permita superar los problemas económicos actuales y dejar atrás el modelo extractivista del país.

 Promover y proteger los derechos humanos ambientales de la población, principalmente de los grupos más vulnerables.

 Fortalecer las capacidades de la ciudadanía para que actúen como entes corresponsables de la gestión ambiental, generen nuevas formas de emprendimiento sostenible y participen de manera activa en la búsqueda de soluciones para enfrentar los retos
derivados de los cambios ambientales globales.

 

Notas y referencias usadas para el desarrollo del documento

Se suministra una lista de referencias bibliográficas al final del texto para cada uno de los temas sólo a manera de ejemplos, ya que la bibliografía sobre la situación ambiental del país es muy extensa.

1 Santos Villareal, G.M. 2009. s.f. Estados Fallidos: definiciones conceptuales. Cámara de Diputados, Servicios de Investigación y Análisis. Subdirección de Política Exterior. República de México. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-07-09.pdf)

2 Pérez de Armiño, K. y Areizaga, M. Emergencia compleja. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/85

3 Comunicado conjunto | ONG exigen a la ONU una actuación coherente y apegada a los derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela. Disponible en: https://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicado-conjunto-ong-exigen-a-la-onu-una-actuacioncoherente-y-apegada-a-los-derechos-humanos-en-la-respuesta-a-la-emergencia-humanitaria-en-venezuela)

4 Agua sin Frontera, Fundación Agua Clara, Coalición Clima21 Red de Organizaciones Vecinales de Baruta. 2018. Reporte Especial | Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela: Derecho al Agua. Disponible en: https://www.derechos.org.ve/actualidad/reporte-especial-emergencia-humanitaria-compleja-en-venezueladerecho-al-agua

5 Coalición Clima21 – Fundación Tierra Viva. 2018. #Sinagua Situación del derecho al agua potable en Venezuela: Caso Área Metropolitana de Caracas. Investigación y Textos: Alejandro Álvarez Iragorry, Isabel Novo, y Alejandro Luy. Disponible en: http://desarrollosustentable.com.ve/sinagua-situacion-del-derecho-alagua-potable-en-venezuela-caso-area-metropolitana-de-caracas-coalicion-clima21-fundacion-tierra-viva/

6 González, E.J.; Buroz, E.; Lairet, R.; Najul, M.V.; Blanco, H.; Sánchez, R.; Paolini, J.; Montero, R.; Álvarez, H.; Astiz, S.; Espinosa-Jiménez, C.; Focà, V.; Cabeza Díaz, M.A.; Vielma Angarita, S.; Riestra, L.; Machado-Allison, A. & García Montero, P.R. 2019. Calidad de las Aguas en Venezuela. En: A. de la Cruz, K. Vammen & G. Roldán (eds.). Calidad de las Aguas en las Américas. Perspectivas de las Academias de Ciencias. Interamerican Network of Academies of Sciences (IANAS), México. https://www.ianas.org/images/books/wb09.pdf

7 Oletta, J.F. 2019. El deterioro del derecho al acceso de agua potable en Venezuela, en el contexto de la emergencia compleja que sufre el país, agravada por el colapso del sistema de energía eléctrica. Requiere acciones prioritarias e impostergables desde la visión de la salud pública. Sociedad Venezolana de Salud Pública. Alianza Venezolana por la Salud. Red Defendamos la Epidemiología Nacional. Disponible en:

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8 González de Hernández, N.E. s.f. Gestión de riesgos socionaturales en Venezuela. Propuestas para una sociedad segura. Disponible en: http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/4564/1/socionatural.pdf

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10 Provea, 2018. En seis años PDVSA derramó 856.722,85 barriles de petróleo al medio ambiente. Disponible en: https://www.derechos.org.ve/actualidad/en-seis-anos-pdvsa-derramo-856-72285-barriles-de-petroleoal-medio-ambiente.

11 Gutiérrez Torres, J. 2018. Derrames de petróleo en Venezuela aumentan y gobierno no revela el impacto real. Mongabay. Disponible en: https://es.mongabay.com/2018/08/derrames-de-petroleo-rioscontaminacion-venezuela/ También: Provea, 2018. En seis años PDVSA derramó 856.722,85 barriles de petróleo al medio ambiente. Disponible en: https://www.derechos.org.ve/actualidad/en-seis-anos-pdvsaderramo-856-72285-barriles-de-petroleo-al-medio-ambiente

12 Álvarez Iragorry, A. 2016. Bases legales y avances en políticas públicas para la adaptación al cambio climático en Venezuela: Una mirada desde los derechos humanos. Phynatura, EDEPA, EcoJuegos. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B1ltDk1NFa4ed1loVjRIbVl0Rk9hMkVUSU1mWW5tUmFZMWcw/view

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21 INE. 2013. Generación y Manejo de Desechos y Residuos Sólidos en Venezuela 2011-2012. INE Boletines Electrónicos. Estadísticas Sociales y Ambientales N° 3. Disponible en: http://www.ine.gov.ve/documentos/Boletines_Electronicos/Estadisticas_Sociales_y_Ambientales/Residuos
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22 Villalba, L. 2013. La Gestión de residuos y desechos sólidos en el Área Metropolitana de Caracas. Ildis. Disponible en: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/10274.pdf

23 Cárdenas, J.J. 2017. La Pesca en Venezuela: ¿Qué ha pasado en estos últimos 10 años? Blog Pescando en el Cambio. Disponible en: http://pescandoelcambiove.blogspot.com/2017/07/la-pesca-en-venezuela-queha-pasado-en.html

24 Rodríguez JP, Rojas-Suárez F, Giraldo-Hernández D. eds. Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela. Provita,

25 Oliveira-Miranda MA, Huber O, Rodríguez JP, Rojas-Suárez F, De Oliveira-Miranda R, Hernández-Montilla M, Zambrano-Martínez S, Giraldo-Hernández D 2010. Riesgo de eliminación de los ecosistemas terrestres de Venezuela. En: Rodríguez JP, Rojas-Suárez F, Giraldo-Hernández D. eds. Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela. Caracas: Provita, Shell Venezuela, Lenovo (Venezuela), 107–235.

26 RAISG. 2015. Deforestación en la Amazonía (1970-2013). Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. Sao Paulo.

27 Rodríguez-Olarte, D. (Editor). 2017. Ríos en riesgo de Venezuela. Volumen 1. Colección Recursos hidrobiológicos de Venezuela. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Barquisimeto, Lara. Venezuela.

28 Marrero C., y D. Rodríguez-Olarte, 2017. Los humedales costeros venezolanos en los escenarios de cambios climáticos: vulnerabilidad, perspectivas y tendencias. p. 461-476. En: Botello A.V., S. Villanueva, J. Gutiérrez y J.L. Rojas Galaviz (eds.). Vulnerabilidad de las zonas costeras de Latinoamérica al cambio climático. UJAT, UNAM, UAC. 476 p.

29 Rodríguez, J., Areco, A., Martínez, A. y Rojas-Suárez, F. 2015. Libro rojo de la fauna venezolana. Provita. Disponible en:

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31 Red Ara. 2011. Aportes para un diagnóstico de la problemática ambiental de Venezuela. La visión de la Red Ara. https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/aportes-para-un-diagnc3b3stico-ambientalred-ara-2011-1.pdf

32 Espacio Público. 2017. Informe 2017: Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Tomado de: http://espaciopublico.ong/informe-anual-2017/ (Ver las páginas 36 y siguientes)

33 Centeno, J.C. 2017. Las falacias ambientales del gobierno venezolano. El Libertario. https://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/06/las-falacias-ambientales-del-gobierno.html

34 Álvarez Iragorry, A. 2018. Educación ambiental y cambio climático. Pág. 387-398 En: Villamizar, A., E. Buroz Castillo, R. Lairet Centeno, & J. A. Gómez (Eds.) Primer Reporte Académico de Cambio Climático (PRACC) de la Secretaría Académica de Cambio. EDICIONES ACFIMAN –CITECI, CARACAS.

35 Phynatura, EDEPA, EcoJuegos. 2016. Bases legales y avances en políticas públicas para la adaptación al cambio climático en Venezuela: Una mirada desde los derechos humanos http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-Adaptacion-Cambio-Climatico-Venezuela1.pdf

36 García-Guadilla, M.P. Contradicciones, retórica e inviabilidad de las INDC de Venezuela. http://desarrollosustentable.com.ve/contradicciones-retorica-e-inviabilidad-de-las-indc-de-venezuelamaria-pilar-garcia-guadilla/
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37 ACFIMAN-SACC, 2018: “Primer Reporte Académico de Cambio Climático 2018: Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Primer Reporte Académico de Cambio Climático (PRACC) de la Secretaría Académica de Cambio Climático (SACC) de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) de Venezuela”. [Villamizar, A., E. Buroz Castillo, R. Lairet Centeno, & J. A. Gómez (Eds.)]. EDICIONES ACFIMAN –CITECI, CARACAS.