El Acuerdo de Paris (AP), adoptado en diciembre de 2015, constituye un documento de referencia para las negociaciones políticas multilaterales, a instancias de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto (proceso que condujo al mismo), que cuenta con los conocimientos básicos indispensables de la ciencia como base para la toma de decisiones políticas y la mayor respuesta global al cambio climático.

El mismo motiva a los países a alinear la trayectoria de sus políticas económicas, sociales y de desarrollo a la luz del cambio climático, por lo que es necesario que éstos obligatoriamente prepararen, comuniquen y mantengan acciones de mitigación con el “fin de alcanzar los objetivos” enunciados en sus contribuciones (Artículo 4.2). Así, se comprometerían, durante la segunda mitad del siglo, y en base en el principio de la acción colectiva, a descarbonizar sus economías y a aumentar su resiliencia. Todo ello a través de un “marco de transparencia reforzado para la acción y el apoyo” (Artículo 13) bajo un mecanismo de implementación “no punitiva”, pero vinculante sobre el cual habrá que rendir cuentas promoviendo “la integridad ambiental, la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia” (Artículo 4.13), especialmente a través de la implementación de diversos proyectos nacionales y locales que permitan evaluar, mediante la creación de comités de expertos (Artículo 15), si se está haciendo lo necesario para alcanzar los objetivos globales y operando mediante la provisión de información (Artículo 13.7), el registro público que evidencia la ambición y el nivel de compromiso de cada país (Artículo 4.12), así como la rendición de cuentas (Artículo 4.13).

Dicho acuerdo tiene tres metas fundamentales en su implementación, a saber: primero, limitar el aumento de la temperatura media por debajo de los 2°C por encima de los niveles pre-industriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5°C. Segundo, mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Y finalmente, aumentar el flujo de recursos financieros para apoyar la transformación hacia sociedades resilientes y economías bajas en carbono. Esto se plantea a través de la progresividad, el dinamismo y la flexibilidad, al considerarse los distintos puntos de partida que dependen de los diversos estadios de desarrollo y de la cantidad de recursos disponibles. En este sentido debe existir un “balance mundial” a largo plazo en donde es necesario que a corto plazo los países alineen sus políticas climáticas ya que una adecuación tardía implicará costos más elevados para las economías y sociedades.

Asimismo, el AP crea un nuevo objetivo colectivo cuantificado y medible de financiamiento (mínimo de 100.000 millones de dólares anuales), destinado a “reforzar” la puesta en práctica de las políticas de las partes, (Sección “Decisiones para hacer efectivo el acuerdo. Financiación”, párrafo. 53, AP), a través de dos modalidades para brindar cofinanciamiento y no financiamiento exclusivo. Luego, los países buscarían explorar el desarrollo de tecnologías y herramientas en el sector público y/o privado en aras de atraer y cuantificar la inversión privada en la adaptación, creando a su vez oportunidades atractivas de inversión para la difusión de estas tecnologías. Por tanto, es importante priorizar un portafolio de propuestas de proyectos financiables alineados con las prioridades estratégicas de cada país de forma que se canalicen energías y maximicen los diversos recursos disponibles a nivel interno e internacional.

Tanto el Acuerdo de París como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituyen dos elementos clave de la nueva arquitectura del desarrollo sostenible, donde integran temas básicos como la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la equidad. En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental al aprobar La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La misma sirve como una guía de referencia para el trabajo de la institución durante los próximos 15 años.