La política de nacionalizaciones en materia de explotación de recursos naturales llegó en 2005 a las concesiones mineras vigentes en el momento luego que tras una reunión realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el entonces Presidente Hugo Chávez indicó que no habrían más concesiones y que por el contrario se crearía una empresa minera venezolana que se encargaría de la explotación racional de las riquezas en Guayana. Sin embargo, tal vez la proclama más importante indicaba que “si para sacar el oro, las piedras preciosas, los diamantes de la tierra, hay que acabar con los bosques y los ríos, mejor es que el oro se quede bajo la tierra para siempre”. Por contradictorio que pueda resultar a veces citar al Presidente Chávez, las decisiones tomadas por la actual administración en relación a las concesiones en la Zona de Desarrollo del Arco Minero (ZDAM) hacen pertinente rescatar uno de los puntos en los que muchos ambientalistas puedan estar de acuerdo.

Sin embargo, como ha quedado demostrado con el pasar de los años, el interés económico suele prevalecer sobre las necesidades de garantizar un ecosistema sostenible, ergo la preocupación por las generaciones futuras suele ser dejada de lado. Ante un escenario de crisis de liquidez y el calendario de pagos por compromisos internacionales por un estimado de 5.1 millardos de dólares en el último trimestre del año, la promesa de recibir 4.5 millardos de dólares en inversiones durante 2016 y 2017 fueron incentivos suficientes para la consolidación de un conjunto de acuerdos para la exploración y explotación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero”. Bajo los poderes especiales concedidos en el Decreto de Emergencia Económica, el Presidente Nicolás Maduro otorga concesiones a empresas mineras internacionales en una extensión de 111.843,70 km2 – 12% del territorio venezolano – sin mucho detalle acerca de las 150 empresas beneficiarias en esta primera etapa.

Recién el pasado 5 de agosto se anunció la firma de un primer tramo de proyectos por un valor estimado de 5 millardos de dólares y se estima que próximamente se firmen contratos adicionales por un valor que podría ascender a los 20 millardos de dólares. De acuerdo a declaraciones del Ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, el oro que se obtenga a través de estos proyectos será de venta obligatoria al Banco Central de Venezuela y será convertido en reservas internacionales – una buena noticia para el inversionista extranjero que observa la caída constante de dichas reservas.

Sin embargo, como se ha mencionado en este foro y en algunos que históricamente han sido abiertamente defensores del régimen actual, las críticas no han parado sobre lo que significaría la entrega del desarrollo minero en una zona tan vulnerable para nuestro país. Desde la cantidad de asentamientos humanos que en esa zona se encuentran, hasta la cuenca del Caroní que provee el reservorio de agua dulce más importante de Venezuela y principal fuente para el abastecimiento de las centrales hidroeléctricas, el desarrollo de una actividad que produce tantas externalidades negativas y con un alto costo ecológico, representa un riesgo importante en una zona tan vulnerable.

Ni siquiera la promesa de destinar el 60% de las rentas provenientes de estas actividades al desarrollo de programas sociales parece callar las voces de quienes tan firmemente defienden el derecho de los habitantes que allí se encuentran quienes no fueron consultados. Los accionantes de un recurso de nulidad contra el Arco Minero estarían incluso dispuestos a ir a un referendo aprobatorio en caso que la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia no sea satisfactoria.

Si bien los defensores de esta medida tan controvertida podrían argumentar a la diversificación de las fuentes de ingreso en momentos de bajos precios del petróleo, el que la explotación del Arco Minero continúe su curso implica el desarrollo rentista de una actividad distinta al petróleo, y ya sabemos las consecuencias del extractivismo para el medio ambiente. En tanto continúen consultas en esta materia es prudente manejarse con tiento; si bien provisionalmente el desarrollo de este sector con tanto potencial pueda ocasionar más alivio en las cuentas de Gobierno, en el largo plazo el remedio puede resultar peor que la enfermedad.